La agenda feminista después del aborto legal: de la movilización a las nuevas disputas

Lic. Erika Gallo [*]

Cuando el pasado 8 de marzo se conmemoró una vez más el día internacional de la mujer, en Argentina los feminismos se organizaron para salir a la calle masivamente por primera vez después de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Esta movilización puede tomarse, de alguna manera, en un hito dentro del movimiento de mujeres de nuestro país ya que esa fecha, el 30 de diciembre de 2020 resultó una bisagra dentro de un proceso que venía acumulando ya muchos años alrededor de ciertas temáticas ordenadoras, veamos por qué.

El 2020 fue un año en donde la agenda resultó casi monotemática: la pandemia. Pocos temas no relacionados con la situación del coronavirus lograron exposición mediática y tiempo en el aire por parte de los medios de comunicación, y de la ciudadanía en general. Sin embargo, y a pesar de la dificultad de sortear la hegemonía pandémica, los feminismos generaron discusiones e instalaron temas en agenda, con distinto grado de penetración. Dentro de la multiplicidad de diálogos propuestos por estos movimientos, recojo tres que a mi entender lograron resonar: la economía del cuidado (distribución de tareas y cargas domésticas); la violencia y los femicidios; y la ley de aborto legal, seguro y gratuito.

La pandemia golpeó de manera generalizada a toda la población, sin embargo, el precio más caro fue sistemáticamente pagado por las mujeres. Ello es así ya que la distribución de los trabajos domésticos y de cuidados entre mujeres y hombres ha sido históricamente desigual: de acuerdo a datos del INDEC [1], el 83,6% de mujeres mayores a 14 años realiza tareas en el hogar, contra el 51,2% de los hombres del mismo rango etario. Y a su vez, un estudio conducido en Gran Buenos Aires informó que, en el tercer trimestre de 2020, en más del 65% de los hogares fueron mujeres las que llevaron adelante tareas domésticas y de cuidado. Esta es una tendencia que se verifica desde hace muchos años, y que se vio fortalecida ante la paralización de las actividades sociales, escolares, laborales, etc. La cantidad de horas dedicadas a las tareas de cuidado, la carga física y mental que implica la doble jornada laboral, y las brechas salariales por género son apenas algunos de los factores que explican la brecha existente en la tasa de actividad y de empleo entre hombres y mujeres, tal como lo expresa el cuadro a continuación.

La segunda cuestión que desde mi punto de vista logró permear la agenda mediática, son los casos de femicidios y de violencia de género que tristemente se siguen produciendo en nuestra sociedad. Esta temática cobró especial impulso en el país en los últimos años, de la mano de numerosos movimientos sociales que pusieron de manifiesto la urgente necesidad de revisar estos hechos como sociedad. Algo que ya es vox populi y confirmado por cada vez más estudios es que la gran mayoría de casos de femicidio y violencia de género ocurren dentro del hogar y son perpetradas por personas cercanas a la víctima; por lo que el contexto de encierro empeoró la situación de muchas mujeres sometidas a vínculos violentos. Desde el comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) el 20 de marzo de 2020, el Observatorio Ahora que sí nos ven, identificó 288 femicidios, el 64% de ellos cometidos por parejas o ex parejas de las víctimas [2]. Esta lucha, que cobró más visibilidad desde las movilizaciones de Ni una menos a partir de 2015, comienza a afinar los criterios en la identificación de responsables de la cultura de la violencia. Así, durante la pandemia se pusieron en jaque no sólo las conductas explícitamente violentas ejercidas por los femicidas, sino también la responsabilidad que cabe a los medios de comunicación y en especial, el rol crucial que tiene el Poder Judicial en la investigación y el eventual castigo de las conductas violentas. De esta manera se suman nuevas exigencias hacia los distintos poderes del Estado, que van desde políticas efectivas de cuidado y asistencia a las víctimas; la legislación que declare la emergencia en materia de género y direccione recursos en este sentido; y por último una justicia que actúe -y falle- con perspectiva de género.

Por último, el tercer gran tema que copó la agenda, sobreponiéndose a la pandemia, fue el tratamiento y aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que había sido una promesa de campaña del Frente de Todos en 2019. Así, luego de un año difícil donde las desigualdades de género se profundizaron y donde salieron a la luz las deficiencias de los poderes estatales para castigar o siquiera contener la violencia machista, los feminismos coronamos el 2020 con un grito de victoria: el aborto es legal hasta la semana 14 sin restricción en cuanto a la causa. Y su aprobación se acompañó de la movilización política más grande y multitudinaria de 2020.

Y lo de grande y multitudinario no es una exageración: los movimientos feministas, tanto los organizados como los autoconvocados son una de las fuerzas sociales con mayor poder de movilización y visibilidad en Argentina en la actualidad. Pocas son las consignas políticas que consiguen atraer a la misma cantidad de personas, de manera trasversal y transgeneracional, llegando incluso a generar lazos internacionales. Y aquí es donde la aprobación de la ley de aborto voluntario se convierte en una bisagra: durante los últimos años y con mucha más fuerza desde 2018, la consigna “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir” sintetizó las exigencias de un cúmulo de mujeres de todas las edades que son, por lo demás, muy distintas. Y con esto quiero decir: la lucha por el aborto legal construyó una identidad colectiva feminista.

Pueden rastrarse en el movimiento los marcos cognitivos comunes, la constitución de un “nos” (pañuelo verde) que se opone simbólicamente a un “otros” (pañuelo celeste), en fin, lo que Melucci (1990:359) [3] dio en llamar la identidad colectiva como el proceso de construcción y negociación del significado de la acción.

Entonces, ¿Qué pasó este 8M y por qué creo que fue tan importante? Fue la primera vez que las mujeres salimos a las calles sin esa consigna que unificara las demandas de todos los sectores. Es que las feministas somos abolicionistas, regulacionistas, transfeministas, radicales, decoloniales, no especistas, en fin, el feminismo no es uno y diverge en muchos aspectos; y por eso resultó clave que la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito nos proporcionó no sólo una meta concreta (la aprobación de una ley) sino también una organización política exenta de los vicios partidarios y cuya trayectoria de lucha es larga, comprobable e intachable (la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito).

El desafío ahora es encontrar el siguiente aspecto que nos hermane (o más bien, que nos “sorore”): con una victoria que debe ser cuidada de los avances de los grupos de interés conservadores empeñados en judicializar la ley de acceso al aborto, es hora de buscar la nueva batalla para mantener viva la potencia organizativa y de movilización que ningún otro grupo político puede mostrar hoy en Argentina. En términos conceptuales, los desafíos son dos: por un lado, encontrar un eje que nos permita seguir avanzando ordenadamente en la agenda feminista, sin que se diluya la potencialidad de movilización que se demostró en más de una oportunidad, con especial fuerza en los últimos años. Por otro lado, los movimientos feministas se ven sometidos a una presión de cooptación de cuadros por parte de poderes institucionalizados (Estado, partidos políticos, organismos internacionales, ONGs, etc), cosa que ha sucedido con otros movimientos sociales en el pasado reciente, quitándole a dichos movimientos poder de fuego.

Finalmente, en una mezcla de expresión de deseo y de análisis de las tendencias, quisiera apuntar cuáles son los tres temas que considero que pueden nuclear grandes consensos dentro de los feminismos y erigirse como próximas luchas concretas y concretables. En primer lugar, la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) en todos los niveles educativos y en todos los tipos de escolaridad. Es sabido y hay numerosos estudios que prueban la utilidad de la ESI para identificar casos de abusos en menores; y que una aproximación temprana a la educación sexual lleva al respeto por el cuerpo ajeno y propio, y una crianza enfocada desde la tolerancia a lo diverso y la aceptación de las diferencias.

En segundo lugar, se viene haciendo un excepcional trabajo para dejar en evidencia los vicios y la falta de criterio con que el Poder Judicial (des)trata los casos de violencia de género. Desde la espera excesiva para la radicación de una denuncia; la descoordinación entre las entidades encargadas de conducir las investigaciones, lo cual termina en la revictimización de las víctimas; hasta los fallos de jueces que pasan por alto casi en su totalidad la perspectiva de género, y terminan exponiendo aún más a las personas en situación de vulnerabilidad ante sus agresores. Cada vez son más numerosas las manifestaciones fuera de las sedes de distintos tribunales en el país, o apuntando especialmente a lo burocrático e ineficiente que resulta el procedimiento policial/judicial en el cuidado de las personas en situación de violencia. Aun así, recientemente se conoció la elevación a juicio político contra tres jueces por negligencia, incumplimiento de deberes inherentes al cargo y parcialidad manifiesta en la sentencia de un caso de femicidio, que fue dictado sin el mínimo atisbo de consideración hacia la víctima. Esto puede verse como una buena señal para los feminismos, ya que pone sobre la mesa la actuación de los jueces y confirma que la impunidad con la que se dictaban las sentencias anteriormente se comienza a agotar.

Por último, una tercera línea que también cuenta con un soporte transversal, es el creciente reconocimiento de la economía del cuidado como una cuestión de género. Desde el mantenimiento del hogar y el cuidado de los hijos, hasta la tercerización del trabajo doméstico, son mujeres las que normalmente llevan adelante estas tareas [4], generando numerosos impactos: la exclusión del mercado laboral (menor tasa de actividad), el desempleo (menor tasa de empleo y mayor tasa de subocupación), brecha salarial que llega al 0,79 en nuestro país (por cada 100 pesos que gana en promedio un trabajador varón, una mujer gana 79 pesos), y la sobrecarga de trabajo y estrés que implica en muchos casos la doble jornada laboral. Comenzar a distribuir de una manera más equitativa los trabajos del hogar es una demanda que el feminismo sostiene desde hace muchos años, y que comenzó a visualizar en números concretos con más fuerza en los últimos tiempos.

Las mujeres y los movimientos feministas hemos demostrado que sin nosotras el mundo está incompleto, y es por ello que cada conquista de derechos es un paso más hacia una ciudadanía justa, equitativa e integrada. Como dicen mis colegas Politólogas en Red [5]: ¡No sin mujeres!

[*] Erika Gallo es licenciada en Ciencia Política por la UCC y maestranda en Administración Pública por la UNC. A lo largo de su trayectoria profesional trabajó en proyectos de distinta envergadura en el sector público y privado, con especial énfasis en los aspectos metodológicos y de procesos.

[1] Al respecto, ver “Dossier estadístico 8M – Día internacional de la mujer” publicado por INDEC: LINK

[2] Para un análisis promenorizado de estos datos, visitar: LINK.

[3] Melucci, Alberto (1990) “La acción colectiva como construcción social”. XII Congreso Mundial de Sociología, Madrid, julio de 1990.

[4] Para información sobre la economía de los cuidados específicamente en contexto de la pandemia, ver OXFAM (2020) “Organización social de los cuidados a la luz del COVID-19. Un análisis para América Latina y el Caribe”. Disponible en: LINK.

[5] LINK.